Incendios forestales en España: riesgo extremo, desafíos en la investigación y el papel de la criminología

Última hora de los incendios en España: un desafío ambiental, judicial y criminológico

España vive días críticos en materia de incendios forestales. Las altas temperaturas, el viento y la sequedad del terreno han generado un escenario de riesgo extremo en varias comunidades autónomas como Andalucía, Castilla-La Mancha, La Rioja y Murcia. Pero además de las condiciones naturales, las autoridades han vuelto a poner el foco en la mano del hombre como posible responsable principal de muchos de los grandes incendios declarados en los últimos días.

La combinación de factores climáticos y la sospecha de intervenciones humanas deliberadas plantea no solo un problema medioambiental urgente, sino también un desafío técnico y judicial: ¿cómo demostrar que un incendio ha sido provocado? ¿Qué herramientas existen para investigar y procesar este tipo de delitos?

Radiografía actual de los incendios activos

Solo este lunes se registraron siete nuevos incendios en el país, de los cuales cuatro ya han sido controlados. Actualmente, ocho comunidades autónomas están afectadas: Castilla y León, Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Cataluña y Baleares.

Entre los casos más preocupantes se encuentra el incendio de Navaluenga (Ávila), que tras ser controlado el domingo se reactivó este lunes, superando ya las 1.500 hectáreas calcinadas. Aunque fuegos como los de Palencia y Badajoz han sido estabilizados, y los de Toledo y Alicante controlados, la situación sigue siendo delicada en todo el territorio.

El calor extremo y las rachas de viento actúan como aceleradores naturales. Pero cuando se detectan indicios de intencionalidad, el enfoque cambia radicalmente: estamos ante un delito de incendio forestal, regulado por el Código Penal español, y potencialmente castigado con penas severas.

¿Por qué es tan difícil detener a un pirómano?

La dificultad para atribuir la intencionalidad en un incendio es una de las mayores barreras en los procedimientos penales. A diferencia de otros delitos, aquí rara vez hay testigos presenciales, huellas directas o grabaciones claras. La escena del crimen, al ser calcinada, borra muchas de las posibles evidencias.

El Código Penal tipifica el delito de incendio forestal en los artículos 352 a 356, estableciendo penas que pueden llegar hasta los 20 años de prisión si hay peligro para la vida o integridad de las personas. No obstante, para aplicar estas penas, es necesario probar que el fuego fue:

• Intencionado

• No accidental

• Provocado con un medio idóneo para causar daños graves

Y ahí entra el reto: ¿Cómo demostrar la intención?

El papel de la criminología en la investigación de incendios

La criminología forense es clave en la investigación de incendios presuntamente provocados. Su labor no sustituye a los cuerpos de bomberos o a los técnicos forestales, pero aporta un análisis técnico de la conducta delictiva, el perfil del autor y los factores de riesgo asociados al entorno.

Entre las herramientas que puede aportar un criminólogo forense se encuentran:

• Estudio del modus operandi: ¿Se usó acelerante? ¿El patrón del fuego sugiere intencionalidad?

• Análisis del contexto: ¿Existen conflictos en la zona? ¿Se han producido incendios similares anteriormente?

• Perfilación criminal: ¿Puede encajar en un patrón de pirómano reincidente o motivado por causas económicas, ideológicas o patológicas?

• Apoyo en la cadena de custodia de pruebas: para garantizar que los indicios recogidos en la zona afectada sean válidos en juicio.

Un informe criminológico puede complementar el trabajo de los peritos en incendios, aportando contexto, antecedentes, motivaciones y elementos de análisis de riesgo de reincidencia, especialmente cuando ya hay sospechosos identificados.

¿Qué motiva a una persona a provocar un incendio?

No todos los incendios provocados responden a una patología psiquiátrica. De hecho, muchos pirómanos no cumplen criterios de trastorno mental, sino que actúan por:

• Intereses económicos o urbanísticos

• Venganza personal o comunitaria

• Negligencia o imprudencia grave

• Motivaciones ideológicas o ecoterrorismo

• Necesidad de notoriedad o gratificación personal (en casos patológicos)

En este sentido, la criminología ayuda a diferenciar entre un acto delictivo racional y una conducta impulsiva vinculada a un trastorno, lo que tiene consecuencias jurídicas muy distintas.

Impacto social y necesidad de prevención

Los incendios no solo devastan ecosistemas. También generan costes millonarios, afectan a la salud pública, obligan a evacuar poblaciones enteras y tienen consecuencias psicológicas duraderas. Además, provocan una enorme alarma social y una creciente desconfianza hacia las capacidades institucionales de prevención y respuesta.

Por eso, además de investigar a posteriori, es urgente implementar medidas de prevención criminológica, como:

• Mapas de riesgo de reincidencia de zonas afectadas

• Seguimiento de personas con antecedentes en delitos similares

• Educación comunitaria sobre prevención y detección

• Vigilancia inteligente con tecnología (drones, sensores, IA)

Conclusión: el fuego también se combate con ciencia

En un país como España, con más de 100.000 hectáreas quemadas al año de media, no basta con extinguir incendios. Hay que prevenirlos, investigarlos y juzgarlos con todos los recursos disponibles, incluida la criminología forense.

Cuando la sospecha apunta al ser humano como autor, el sistema penal debe actuar con rigor. Pero para eso, necesita pruebas sólidas, informes técnicos, análisis contextuales y una estrategia bien planteada desde la fase inicial del proceso.

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