Compliance Público y Transparencia: Prevención Criminológica de Delitos de Autoridad

Transparencia y Compliance Público: El Escudo Criminológico en la Prevención de Delitos de Autoridad

Los delitos de autoridad y funcionarios, como la Prevaricación, el Cohecho o la Malversación, no solo suponen un perjuicio económico para el erario público, sino que representan un daño irreparable a la confianza ciudadana en las instituciones democráticas. La corrupción prospera en la opacidad, la discrecionalidad sin control y la ausencia de un compromiso ético robusto.

Para CriminaLaw, un despacho con una visión basada en la Criminología Aplicada, la única forma efectiva de combatir estos crímenes desde su origen es mediante la implementación de dos pilares interconectados: la Transparencia Activa y el Compliance Público. Estas herramientas actúan como un escudo preventivo, limitando la "oportunidad situacional" del delito y obligando al poder a rendir cuentas.

Este blog analiza el marco legal y la necesidad práctica de la Transparencia y los Modelos de Compliance en las Administraciones Públicas españolas. Exploraremos cómo la inteligencia criminológica es fundamental para diseñar estos sistemas preventivos, transformando la normativa formal en una barrera real contra el abuso de poder y la corrupción.

1. La Transparencia como Agente de Prevención Criminológica

La Transparencia, lejos de ser un mero formalismo legal, es el principal antídoto contra la opacidad que alimenta la corrupción. Su marco legal esencial se encuentra en la Ley 19/2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

A. La Transparencia y la Criminología Situacional

Desde el punto de vista criminológico, la Transparencia opera bajo el principio de la Prevención Situacional, que busca aumentar el riesgo percibido por el potencial delincuente:

• Visibilidad: Al publicar activamente datos sobre la gestión económica (contratos, subvenciones, retribuciones), la Administración reduce los espacios donde la Malversación o el Fraude pueden ocultarse.

• Control Ciudadano: El acceso a la información pública permite que no solo los órganos de control (Tribunal de Cuentas, Intervención) sino también los periodistas, ciudadanos y competidores, actúen como "guardianes informales", detectando anomalías y desvíos que puedan ser indicios de Prevaricación.

B. El Acceso a la Información como Prueba

La Ley de Transparencia facilita a los particulares y a las partes interesadas la recopilación de información vital para la persecución penal futura:

• Si una empresa sospecha de un Cohecho en una adjudicación, el acceso a los informes de las mesas de contratación y las ofertas rivales (información de Transparencia) puede proporcionar los indicios necesarios para formalizar una denuncia.

• El análisis de los patrones de gasto y adjudicación (datos accesibles) permite a los expertos criminólogos detectar el patrón de conducta arbitraria que es la base probatoria de la Prevaricación.

2. El Imperativo del Compliance en la Administración Pública

El Compliance Penal, o los Modelos de Prevención de Delitos, son obligatorios para las personas jurídicas privadas en España (Art. 31 bis CP). Aunque la Administración Pública tiene sus propios órganos de control, la experiencia de la corrupción demuestra que los controles tradicionales no son suficientes para prevenir los delitos cometidos por sus altos cargos.

A. El Compliance como Respuesta a la Criminología Organizacional

La Criminología Organizacional nos enseña que la corrupción se incuba en estructuras que concentran poder. Un Modelo de Compliance Público eficaz debe:

• Mapeo de Riesgos Específicos: Identificar las áreas de mayor vulnerabilidad penal (Contratación Pública, Urbanismo, Gestión de Subvenciones). Un Compliance de plantilla no funciona; debe ser un Análisis Criminológico de Riesgos adaptado a la entidad.

• Segregación de Funciones: Reforzar los controles para evitar que una única persona tenga la capacidad de iniciar, aprobar y ejecutar una resolución o un gasto, lo que es esencial para prevenir la Malversación.

• Cultura Ética: Transformar los códigos de conducta formales en prácticas reales, promoviendo la ejemplaridad de los altos cargos y la tolerancia cero a las "pequeñas irregularidades" (regalos, favores) que suelen ser el umbral del Cohecho.

B. Canales de Denuncia (Whistleblowing) y Prevención del Riesgo

La Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas (Ley 2/2023) obliga a todas las administraciones a contar con un Sistema Interno de Información (Canal de Denuncia).

• El Valor Preventivo: Este canal ofrece un cauce seguro para que los funcionarios y terceros puedan reportar indicios de Abuso de Poder o Malversación sin temor a represalias.

• Inteligencia Criminológica: La información canalizada permite a la Administración obtener inteligencia interna sobre el modus operandi potencial del delito, actuando de forma preventiva antes de que el daño penal se consume.

3. Desafíos en la Implementación y la Visión de CriminaLaw

Implementar la Transparencia y el Compliance en un entorno burocrático y jerárquico presenta retos culturales y prácticos.

A. La Resistencia al Control y la Discrecionalidad

La principal resistencia proviene de la cultura de la discrecionalidad. Los funcionarios pueden interpretar las normas de Transparencia como una intromisión o una burocracia innecesaria.

• El Enfoque Criminológico: La clave es demostrar que el Compliance no es un obstáculo, sino una protección para el funcionario honesto. Un sistema robusto sirve como evidencia de la Diligencia Debida de la entidad, eximiendo de responsabilidad a quienes actuaron conforme a la ley.

B. El Riesgo de Paper Compliance

Existe el riesgo de que las Administraciones adopten el Compliance como un mero trámite documental ("papel mojado"), sin inversión real en formación, auditoría y cultura ética.

• Auditoría Criminológica: CriminaLaw subraya la necesidad de una auditoría externa que no solo revise documentos, sino que evalúe la eficacia real del sistema para modificar la conducta y limitar la oportunidad delictiva, buscando el Dolo Organizacional en caso de incumplimiento.

4. Conclusión: Integridad como Estrategia de Justicia

La lucha contra los delitos de autoridad —la Prevaricación, el Cohecho y la Malversación— requiere una estrategia penal activa que ataque las raíces del problema. La Transparencia y el Compliance Público no son opciones; son herramientas de prevención criminológica obligatorias para asegurar la integridad y la legitimidad de nuestras instituciones.

Una administración que opera bajo la luz (Transparencia) y que se autorregula contra el riesgo penal (Compliance) es una administración que reduce drásticamente la oportunidad del delito, protegiendo tanto el erario público como a sus propios funcionarios de la tentación del abuso de poder.

En CriminaLaw, trabajamos para llevar la inteligencia científica al corazón de la Administración, diseñando Modelos de Prevención de Delitos basados en el análisis de la conducta y la estructura que garantizan una verdadera Justicia con Ciencia.

Si usted forma parte de una Administración Pública o es un profesional interesado en implementar un Modelo de Compliance que sea realmente efectivo contra los delitos de autoridad, contáctenos hoy mismo para una consultoría especializada.