La Línea Roja: Análisis Jurídico de la Tensión en Universidades y el Riesgo de Delitos de Asociación u Organización (Art. 515 CP)

De la Convocatoria en Redes a la Calificación Penal

La reciente escalada de tensión y los incidentes registrados en diversos campus universitarios en España, a menudo catalizados por figuras públicas o influencers que convocan actos o protestas, han puesto de relieve una cuestión crucial para el Derecho Penal: ¿cuándo una reunión o un acto de activismo espontáneo cruza la línea para convertirse en un delito organizado o en graves desórdenes públicos?

Para CriminaLaw, un despacho que integra el análisis criminológico en la estrategia jurídica, la clave no reside en el contenido de la protesta, sino en la estructura de la acción, el patrón de conducta y la intención (dolo) de los participantes y convocantes. Casos como el del influencer Vito Quiles, donde se observa una coordinación de desplazamientos, una convocatoria específica a través de canales digitales y la subsiguiente confrontación, exigen un análisis que va más allá de la mera calificación de la infracción administrativa o el delito leve.

Este artículo se dirige a juristas, estudiantes de Derecho y ciudadanos interesados en comprender la frontera entre el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y los tipos penales más graves relacionados con la criminalidad organizada y el orden público, fundamentalmente los contemplados en el Título XXII y el Título XXI del Código Penal (CP).

I. La Frontera Jurídica: Del Activismo al Ilícito Penal

El Derecho español protege con firmeza la libertad de reunión y manifestación (Art. 21 CE) y la libertad de expresión (Art. 20 CE). Sin embargo, ambas libertades cesan allí donde comienzan a vulnerar derechos de terceros o el orden público.

En los incidentes universitarios, la Fiscalía y el Juez de Instrucción no persiguen la crítica política o la simple presencia, sino la existencia de una estructura o un dolo específico para el delito. Las calificaciones penales graves se articulan en torno a dos grandes ejes:

A. Eje Estructural: Delitos de Asociación y Organización (Arts. 515, 570 bis y 570 ter CP)

La imputación por estos delitos eleva la pena de manera autónoma, castigando la peligrosidad de la propia estructura, no solo el delito final que se comete.

1. La Asociación Ilícita (Art. 515 CP): El Riesgo Estructural Inicial

La asociación ilícita castiga a las asociaciones que tienen por objeto cometer delitos o aquellas que, aun persiguiendo fines lícitos, utilizan medios violentos o alteración grave del orden público o control de la personalidad.

En el contexto de las tensiones universitarias, la clave es probar el fin ilícito. Si se demuestra que la convocatoria digital (por parte de un influencer o un grupo organizado) tiene como objeto preestablecido y conocido por los convocados:

• La comisión de delitos de odio o discriminación.

• La comisión de lesiones o daños materiales.

• La alteración grave y predeterminada del orden público (Delito de Desórdenes Públicos, Art. 557 CP).

La simple reunión no es delito, pero la estructura estable que busca generar delito sí lo es.

2. La Distinción con el Grupo/Organización Criminal

Es fundamental para la calificación la diferencia de la estabilidad y el reparto de roles (Art. 570 bis y 570 ter CP):

• Grupo Criminal: Unión temporal para cometer delitos, con estructuración menor.

• Organización Criminal: Estructura estable o por tiempo indefinido, con reparto de funciones y vocación de serialidad delictiva.

Si bien en estos casos de activismo político la imputación por Organización Criminal puede ser excesiva (por la falta de un reparto jerárquico formalizado y la no serialidad de delitos patrimoniales), el Grupo Criminal o la Asociación Ilícita son figuras que el Fiscal podría intentar aplicar para aumentar la pena y justificar las medidas de investigación intrusivas.

B. Eje Conductual: Delitos de Desórdenes Públicos y Coacciones (Arts. 557 y 172 CP)

Estos delitos se centran en la conducta concreta y su impacto en el orden público o en la libertad individual.

1. Desórdenes Públicos (Art. 557 CP)

Este delito castiga a quienes actúan "en grupo" o individualmente, perturbando gravemente el orden, la paz pública o impidiendo el ejercicio de derechos fundamentales (como el derecho a la educación o al trabajo).

La reforma penal reciente ha endurecido la pena para el Delito de Desórdenes Públicos cuando se actúa de forma organizada (Art. 557.2 CP), lo que se ajusta perfectamente a la descripción de un grupo convocado con antelación y de forma coordinada a través de redes. La prueba del "carácter organizado" es lo que eleva significativamente la pena base.

2. Coacciones (Art. 172 CP)

Si la acción del grupo impide o limita el derecho de otros (ej., impide el paso, bloquea el acceso a un aula, obliga a un profesor a suspender una clase), puede entrar en la esfera de las coacciones.

Si las coacciones se realizan por un grupo organizado o en número superior a dos personas y con el fin de obstaculizar el ejercicio de un derecho fundamental o la actividad legítima de la Administración (la Universidad), se aplica un tipo agravado.

II. El Análisis Criminológico de la Red y el Dolo

Para CriminaLaw, la clave de la defensa o la acusación en estos casos está en el análisis de la red digital y el dolo de los implicados.

A. La Estructura de la Convocatoria (Digital Mapping)

La Criminología Organizacional permite trascender la simple denuncia policial y analizar el modus operandi digital:

1. Patrón de Desplazamiento: ¿Los implicados viajaron de forma coordinada? ¿Quién financió la logística?

2. Reparto de Roles Digitales: ¿Existe un "promotor" (el influencer o convocante), "organizadores" (quienes gestionan los grupos de chat y logística) y "ejecutores" (los que participan en el enfrentamiento)?

3. Detección de la Serialidad: ¿Este grupo ha realizado acciones similares de forma reiterada? La vocación de continuidad es prueba de la estructura.

La defensa debe centrarse en demostrar que la acción fue espontánea, carente de un núcleo estable de coordinación y que el fin principal era lícito (la protesta), no el delito final (los daños o coacciones).

B. El Dolo del Participante: ¿Conocimiento del Fin Ilícito?

El elemento subjetivo es vital. La imputación por Asociación Ilícita o Delitos Organizados exige la prueba del dolo específico: que el acusado conociera y quisiera formar parte de una estructura cuyo fin era delictivo o que empleaba medios ilícitos.

En los casos de masas convocadas por un influencer:

• El Convocante (Promotor): Si se prueba que el influencer tenía la intención preordenada de generar el enfrentamiento o los daños, su dolo es directo y su pena la más grave.

• El Participante Arrastrado: Muchos asistentes son arrastrados sin conocer el plan detallado. La defensa debe probar que su participación fue casual, espontánea y que no conocían el fin ilícito (lo que degrada la imputación a coautoría simple o a la exclusión de responsabilidad penal si no cometió el acto violento).

La línea divisoria se establece en la capacidad de probar que la persona se adhirió voluntariamente a la estructura con el conocimiento del fin ilícito.

III. Implicaciones para la Universidad y las Víctimas

El impacto de estos incidentes va más allá del Código Penal, afectando directamente a los derechos fundamentales dentro del campus. La Universidad, como institución de la Administración, tiene el deber de proteger la libertad de cátedra y el derecho a la educación.

A. Estrategia de la Víctima (La Universidad o el Colectivo Afectado)

Las víctimas de estas acciones organizadas (profesores, estudiantes que quieren asistir a clase, la propia institución) tienen la capacidad de ejercer la acusación particular, enfocándose en:

1. Probar el carácter organizado de los desórdenes (para activar el tipo agravado).

2. Demostrar los daños materiales y morales causados por las coacciones y el impedimento del ejercicio de derechos.

3. Aportar pruebas de la planificación digital de la acción (chats, publicaciones, convocatorias).

B. Intervención Mínima y Proporcionalidad

Pese a la gravedad de los hechos, los juristas siempre deben velar por el principio de intervención mínima. El Derecho Penal solo debe intervenir cuando el ilícito administrativo no es suficiente.

Es responsabilidad de la Defensa demostrar que la calificación de la Fiscalía (ej., pasar de Desórdenes Públicos a Desórdenes Públicos Organizados) es desproporcionada y carece de la prueba rigurosa sobre el reparto de funciones y la estabilidad que exige la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Conclusión

El fenómeno del activismo mediado por influencers en entornos sensibles como las universidades requiere de un análisis penal que se ajuste a la realidad digital y estructural del siglo XXI. No es suficiente castigar la agresión o el daño final; es crucial entender la red que lo hizo posible.

Para un acusado, el riesgo de ser calificado como parte de una Organización o Grupo Criminal puede multiplicar las penas y justificar medidas procesales muy gravosas. Para la víctima, probar la estructura es la vía para obtener la máxima pena y reparación.

En CriminaLaw, somos expertos en desmantelar la estructura penal. Si usted o su empresa se enfrentan a un caso donde la Fiscalía imputa organización o grupo criminal, o si ha sido víctima de una acción coordinada, necesita un análisis que combine la pericia jurídica con la inteligencia criminológica. Contáctenos para una evaluación de riesgo y la defensa de su estructura.